Radio Nacional de España




sábado, 30 de mayo de 2009

La BBC se disculpa ante el Consejo Musulmán por sus comentarios

Efe Londres/ elmundo.es
La cadena pública británica de televisión BBC ha ofrecido sus disculpas al Consejo Musulmán del Reino Unido por un comentario en un programa de debate acerca de que esta organización fomenta el asesinato de soldados británicos.
El comentario lo realizó en el programa 'Question Time' el ex director del diario 'Daily Telegraph' Charles Moore, que hablaba de la manifestación de rechazo con la que un pequeño grupo de musulmanes respondió recientemente en Luton (cerca de Londres) a un desfile de bienvenida de un regimiento procedente de Irak.
En la protesta, los manifestantes musulmanes portaban carteles en los que se leía: "Soldados, carniceros de Basora" o "Soldados ingleses: criminales, asesinos y terroristas".
Moore afirmó en el programa que a raíz de esa protesta se ha dirigido sin éxito en numerosas ocasiones al Consejo Musulmán británico para preguntar a sus responsables si condenan el asesinato y el secuestro de soldados británicos en Irak y Afganistán.
"No lo condenan. No lo hacen porque estas guerras son en países musulmanes. Hacen algo que es perfectamente comprensible al oponerse a la guerra. Es algo perfectamente legítimo. Pero dan un paso más allá; de hecho dicen que es bueno, que es algo islámico asesinar o secuestrar a soldados británicos", declaró el periodista.
El Consejo Musulmán criticó estos comentarios y pidió a la dirección de la BBC una disculpa.
La cadena de televisión aceptó en un comunicado que los comentarios fueron "injustos" y los enmarcó en el espíritu de un programa de debate que es libre y dinámico.
"A veces, esto resulta en que no se haga justicia a personas que no están presentes y que no pueden expresar su punto de vista", afirmó la cadena.
El diario sensacionalista 'Daily Mail' informa en su edición de hoy de que la BBC ha ofrecido disculparse y pagar 30.000 libras (48.500 dólares o 34.300 euros), pero que el Consejo Musulmán exige que la disculpa se haga públicamente a través de la cadena.

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lunes, 25 de mayo de 2009

REPORTAJE/ Las Cortes: tarifa plana y muy oscura

El sistema de dietas del Parlamento español no permite pasar gastos como en Westminster - La falta de transparencia o la picaresca en los viajes han sido coladeros de excesos
FERNANDO GAREA 25/05/2009 El País.com
La Cámara no da datos sobre las visitas oficiales de los diputados
Las dietas son de 150 euros diarios para el extranjero y 120 en España
Durante años acudían al Consejo de Europa titulares y suplentes
Bono ha hecho un recorte drástico de los viajes y de las delegaciones
En el Parlamento Europeo se volverá a justificar los reembolsos
Los autonómicos tienen el mismo sitema que el Congreso

¿Qué tienen en común el Congreso español y el Parlamento británico sobre los gastos y posibles abusos de los parlamentarios?
No se parecen en nada en la fórmula utilizada para el pago de los gastos de los diputados y sólo se asemejan en una cierta falta de transparencia. El poder del Estado que tiene encomendada, entre otras, la función de control del Ejecutivo no ofrece, por ejemplo, datos de los viajes oficiales que han realizado los diputados. En España es imposible saber qué diputados han cobrado las dietas por viajes, aunque sus señorías exijan permanentemente transparencia al resto de poderes.
En Reino Unido se ha producido un enorme escándalo en Westminster por la publicación de los gastos que pasaron los parlamentarios de todos los partidos y que incluían facturas sobre actividades estrictamente privadas, incluyendo obras en sus casas.
En España este escándalo no se podría reproducir de la misma forma porque no existe un sistema de facturas o de pago de gastos contraídos. Son transparentes los baremos sobre los que se establecen sus salarios y se pueden consultar en la web del Congreso, y el sistema establecido para los gastos de viaje es el de dietas previamente establecidas. El modelo de dietas se aprobó en la transición, precisamente, para evitar fraudes en las facturas.
Cobra lo mismo un diputado en una delegación que asista sólo a comidas y cenas oficiales y tenga a su disposición desplazamientos, que el que tiene que sufragarse esos gastos en viajes oficiales. Sólo tienen pagados el desplazamiento y la estancia y, aparte, cobran las dietas fijas por día de viaje, con una especie de tarifa plana independiente de los gastos que puedan realizarse.
Las dietas por viaje son de 150 euros diarios para desplazamiento al extranjero y 120 en España. Y no hay viaje oficial que no deba ser autorizado previamente por la Mesa del Congreso. Los miembros de la Mesa, los portavoces de comisiones y los portavoces adjuntos cobran una cantidad fija, proporcional al cargo, como gastos de representación. Desde los 775,17 euros mensuales a los 3.915,16 de gastos de representación y 3.210,08 de libre disposición del presidente de la Cámara.
José Luis Ayllón, número dos del Grupo Popular, defiende el modelo del Congreso, frente al británico. "No se me ocurre ninguna posibilidad de presentar gastos aquí y el modelo es muy transparente", asegura.
La vicepresidenta del Congreso y responsable de las cuentas de la Cámara, Teresa Cunillera, también defiende las dietas fijas y sostiene que el Parlamento español, que establece su propio presupuesto anual, "es de los más austeros". Coincide con la opinión de algunos diputados que se quejan habitualmente en privado de los recortes drásticos que se aplican a los viajes en esta legislatura.
El pasado mes de noviembre la Mesa del Congreso, por decisión de su presidente José Bono, aprobó una larga instrucción interna con los "criterios aplicables a todos los desplazamientos". Se incluyen detalles como que "la Cámara cubrirá exclusivamente los gastos de alojamiento y desayuno y, cuando así lo requieran los establecimientos, cada miembro de la delegación tendrá que facilitar su tarjeta personal de crédito para garantizar cualquier otro gasto extra que pueda generar".
Se especifica que "las habitaciones que se reservan serán dobles para uso individual", que "las reservas de vuelos se realizan siempre, con independencia del destino, en clase preferente", que "para determinar la duración del viaje oficial se tendrá en cuenta la hora de comienzo de la primera reunión o evento social que forme parte del programa oficial, así como el lugar donde se celebre la misma" y que "en aquellos viajes que superen las tres horas, el desplazamiento se realizará la noche anterior a la reunión y los desplazamientos de regreso se realizarán en la mañana del día siguiente a la finalización del programa oficial".
La instrucción responde al deseo de poner coto a lo que ha ocurrido en anteriores legislaturas con los viajes oficiales. Se trata de acabar con una cierta picaresca que ha abundado en las autorizaciones de los viajes que, hasta esta legislatura, prácticamente pasaban como un simple trámite en la Mesa del Congreso. Por ejemplo, la actual Presidencia comprobó que las delegaciones de la Cámara a las reuniones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa eran las únicas de todo el continente que estaban compuestas por los diputados titulares y los suplentes. Es decir, acudían al viaje los ocho diputados titulares y los ocho suplentes, a pesar de que sólo los primeros deben participar en las actividades oficiales y los otros ocho estaban nombrados para viajar sólo cuando hubiera alguna baja.
Bono acabó también con la comisión que viajaba a reuniones de la Unión Europea Occidental, venciendo no pocas resistencias en el Congreso y en el Senado de parlamentarios que aseguraban que el tratado firmado con esa organización obligaba a acudir a esas reuniones. Desde hace meses esos viajes, que forman parte de lo que se llama diplomacia parlamentaria, ya no se realizan y España ya no tiene representación en esas reuniones.
En esta legislatura la Mesa aprobó también un plan elaborado por Cunillera para reducir los llamados grupos de amistad. En la anterior legislatura había 32 grupos con países de situación democrática discutible, porque se autorizaban todas las peticiones que se presentaban.
Bono ordenó reformarlo y se redujeron a sólo 13 estos grupos de amistad: Perú, Ecuador, Marruecos, Argelia, Túnez, Turquía, Rusia, China, México, Colombia, Brasil, Chile y Argentina. Cada grupo tenía antes 12 miembros y ahora son sólo cinco: dos del PSOE, dos del PP y uno de un grupo minoritario. Cada grupo de amistad viaja periódicamente a esos países y recibe visitas de delegaciones. La decisión en esta legislatura es la de primar los viajes de comisiones concretas, con objetivos concretos que hay que justificar previamente.
Pese a todo, hay siempre cierta controversia en la autorización y está pendiente en este momento la fecha de un viaje oficial de seis días a China de la Comisión de Economía que tiene un coste para el Congreso de 9.902 por diputado, 6.902 euros en desplazamientos, 1.800 en hotel y 1.200 en dietas. En total la Cámara tendría que abonar 52.810 euros, al añadir otros 1.500 euros en gastos de transporte en las ciudades y 1.800 en intérpretes.
En 2007, último año del que hay datos, el Congreso gastó más de dos millones de euros en el capítulo de relaciones internacionales. Según el desglose de los Presupuestos del Congreso ese año se gastaron 1.197.506 euros en la partida de grupos de amistad, viajes de comisiones y delegaciones oficiales. El capítulo se completa con 505.188 euros para las dietas de los diputados que acuden a esos viajes y 1.292 euros para atenciones protocolarias y representativas.
Lo que es imposible saber es qué diputados han viajado en los últimos años. Este periódico ha solicitado oficialmente a la Cámara los datos de los diputados que más dietas han recibido por viaje, pero es imposible tener acceso.
La adscripción a los grupos de amistad depende de la dirección de los grupos parlamentarios, con criterios subjetivos que provocan algunos conflictos entre diputados.
En el salario de los diputados se incluye un concepto llamado "indemnización", con una cuantía mensual de 1.823,86 euros para los de circunscripciones distintas de Madrid y de 870,56 para los electos por Madrid. Este concepto se destina a cubrir gastos y está exento de tributación. Es decir, tampoco por este concepto deben pasar facturas de gastos. Lo mismo ocurre con los gastos de transporte, que cubre el Congreso en medio público, como reembolso de gasto, es decir, no se facilita una cantidad al parlamentario, sino que se le abona directamente el billete a la empresa transportista. Es lo que se llama "paso franco". Si utiliza su propio automóvil, previa justificación, se le abonan 0,25 euros por kilómetro. Disponen, además, de una tarjeta de taxi de Madrid, con un límite mensual de 250 euros.
En el Parlamento Europeo, después de las elecciones del 7 de junio se estrenará un sistema más parecido al británico y diferente al de dieta de tarifa plana del Congreso que se usaba hasta ahora también en la Eurocámara.
Los eurodiputados ganarán aproximadamente 7.665 euros mensuales y para los gastos los reembolsos reflejarán sólo los costes en los que realmente se ha incurrido. Según la información oficial del Parlamento Europeo, "la dieta fija de viaje se verá sustituida por el pago de los gastos reales contraídos".
"Los diputados seguirán recibiendo dietas de estancia fijas y dietas para gastos generales. También seguirán abonándose dietas de viaje anuales para los desplazamientos realizados por los diputados fuera de su Estado miembro de elección durante el cumplimiento de sus funciones. Del mismo modo, los diputados también podrán recibir pagos relativos a una cantidad limitada de desplazamientos en el territorio de su Estado miembro de elección".
En los Parlamentos autonómicos, el sistema es también el de dietas fijas, sin justificación de gastos, con la diferencia de que, lógicamente, los viajes oficiales fuera de España están mucho más limitados. Por ejemplo, en el de Cataluña, los parlamentarios, tienen una asignación fija, a la que se une una indemnización por desplazamiento en función de la zona de la comunidad en la que residan. Para viajes oficiales al extranjero, previamente autorizados por la Mesa de la Cámara, se abona el desplazamiento y el alojamiento y una indemnización idéntica a la del Congreso, porque se rige por un real decreto que fija las dietas de altos cargos de la Administración del Estado.
El último viaje oficial al extranjero autorizado fue el de los miembros de la Comisión de Peticiones al Parlamento escocés.
En la Asamblea de Madrid el procedimiento es idéntico y se une también la posibilidad de que los diputados cobren gastos de su propio grupo parlamentario, procedentes de la subvención que recibe cada uno. Este último sistema depende de cada grupo y de cada Parlamento, igual que la cantidad que se les detrae a los diputados de sus sueldos para contribuir a financiar sus respectivos partidos. En la anterior legislatura se aprobó que los diputados se puedan desgravar esa contribución a sus partidos.
En las Cortes la falta de transparencia se extiende a las actividades extraparlamentarias de diputados y senadores, donde durante 30 años se han votado a puerta cerrada informes secretos en los que se autoriza las compatibilidades. La próxima semana en el Congreso, está previsto que Bono anuncie el inicio de una nueva etapa en la que los informes de actividades se publicarán en la web del Congreso y en el mes de junio se celebrará la primera votación de este tipo abierta al público, con las nuevas concesiones de compatibilidad.
Para dar ese paso ha sido necesario que este periódico rompiera el secreto y publicara el pasado mes de marzo el listado completo de actividades. En esa lista se incluyen actividades remuneradas al margen del escaño, otras que pueden considerarse prolongación de éstas, como la publicación de libros y artículos y la participación en tertulias en medios de comunicación y otras que no suponen ingreso alguno. Seguirá siendo secreta la declaración de patrimonio que los diputados hacen al iniciar la legislatura.
El presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado, el socialista Francesc Vallès, es partidario de reformar la ley electoral para ir más allá y reformar la ley electoral para restringir el actual sistema de compatibilidades.
Vallès quiere, sobre todo, que el Congreso tenga capacidad para investigar si se cumplen las restricciones legales, como la que impide contratar con la Administración. En este momento, la Cámara no tiene capacidad para exigir ese cumplimiento en casos como el de Fernando López Amor, consejero de una empresa que gestiona derechos de televisión del fútbol con las televisiones públicas, o Miguel Arias Cañete, que ha formulado preguntas sobre subvenciones a empresas energéticas, sector en el que él tiene intereses comerciales.
El diputado de IU, Gaspar Llamazares, defiende la transparencia, es partidario de ir más allá y acometer una reforma legal para que los diputados sólo puedan ejercer actividades que sean prolongación de su actividad parlamentaria, es decir, creación literaria, presencia en medios de comunicación y docencia. Bono quiere aprobar en los próximos días una instrucción que afecte también al cumplimiento de las incompatibilidades de los letrados de las Cortes, después de que se haya sabido que dos miembros de ese cuerpo de funcionarios están presentes en el despacho en el que trabaja el diputado José María Michavila y que contrata con diferentes administraciones públicas del PP.

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Tres condenados a muerte por el asesinato de dos periodistas

JERUSALÉN, 24 May. (EUROPA PRESS) -
Un tribunal militar de tres personas condenó hoy a muerte a los asesinos de dos periodistas. La condena ha provocado la protesta de Al Fatá, el grupo rival de Hamás, según informó la agencia de noticias Maan.
Shadi Jader Ahmad, Shadi Abd al Karim al Madhoon y Raed Sabri al Maqusi fueron condenados a la pena capital por el secuestro y asesinato de Muhamad Abdo y de Suleiman al Ashi, ambos periodistas.
Al Fatá advirtió a Hamás de las consecuencias de cualquier daño sufrido por los tres acusados y calificó la condena a muerte de "ilegal", ya que "el gobierno de Hamás en Gaza es ilegal y fue obtenido mediante un golpe de Estado", afirmó un portavoz de Al Fatá, Fahmi Zaarir.
"Los juicios de Hamás son una manifestación de venganza perversa, especialmente cuando coinciden con los intentos de lograr la reconciliación palestina", afirmó. La ejecución de los encausados provocaría, según dijo, "una escalada que Hamás no puede siquiera imaginar".
Ante la sentencia cabe un recurso a un tribunal superior y la legislación palestina prevé que la autorización final de la ejecución de una sentencia de muerte depende exclusivamente del presidente palestino, en este caso Mahmud Abbas, de Al Fatá.

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sábado, 23 de mayo de 2009

La periodista estadounidense liberada en Irán llega a EEUU

Roxana Saberi, condenada a ocho años de cárcel por espiar para EEUU, abandonó la prisión el 11 de mayo tras pasar cuatro meses encerrada
23.05.09 - 07:57 -
EFE WASHINGTON/ La Verdad
La periodista estadounidense de origen iraní, Roxana Saberi, que estuvo 4 meses en una prisión en Teherán, ha llegado a EEUU después de unos días de descanso en Viena (Austria) tras su liberación. "Estoy feliz de volver a Estados Unidos", ha dicho la periodista a su llegada al Aeropuerto Internacional de Dulles, a las afueras de Washington DC. Saberi abandonó la prisión de Evin el pasado 11 de mayo y ha estado una semana con sus padres, su hermano y un amigo de la familia en Austria.
La joven ha dicho a la prensa, que la esperaba en el aeropuerto, que le gustaría agradecer a todo el mundo el apoyo que le han dado durante sus cien días en la cárcel. "Me gustaría agradecer a las organizaciones de derechos humanos y a aquellos que han mantenido mi historia viva para presionar por mi liberación", ha dicho Saberi. Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly, ha manifestado su satisfacción por su vuelta a casa. "Estamos muy contentos por ella y su familia. Han pasado por una experiencia tremendamente difícil ", ha dicho Kelly.
Campaña internacional para su liberación
El portavoz no quiso especificar si han hablado con la periodista sobre su experiencia en Irán, aunque señaló que podrían dar más información sobre el caso el próximo martes. Según la prensa local, Saberi pasará unos días en la capital estadounidense antes de volver a la casa familiar, en el estado de Dakota del Norte. Saberi, de 32 años, fue arrestada a finales de enero supuestamente por seguir trabajando en la República islámica después de que sus credenciales hubieran expirado. La periodista fue condenada el mes pasado con cargos de espionaje, en un juicio de un día que fue cerrado al público, a ocho años de prisión tras ser acusada de espiar para los Estados Unidos.
Desde su detención, sus padres comenzaron una campaña internacional para su liberación y Estados Unidos recurrió a las acciones diplomáticas a través de la embajada de Suiza para lograr su liberación. Suiza representa los intereses de los estadounidenses en el país árabe puesto que, al no tener relaciones diplomáticas con Irán, Estados Unidos no tiene embajada en Teherán. Saberi, hija de padre iraní y madre japonesa, llegó a Teherán hace seis años y, desde entonces, trabajó como freelance para medios británicos y estadounidenses de prestigio como la cadena BBC o Fox News. La periodista se hallaba en el país recopilando información para escribir un libro y tenía pensado volver a Estados Unidos, ya que las autoridades iraníes le revocaron sus credenciales de prensa.

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sábado, 16 de mayo de 2009

MEDIOS | Conferencia de Pedro J. Ramírez en la Universidad de Navarra

'El futuro es el periodismo de siempre hecho de otra manera'
Mikel Ilundáin Pamplona/ elmundo.es
Actualizado sábado 16/05/2009 12:17 horas
"Lo importante en el futuro de la profesión periodística es que ésta sea ejercida por profesionales". Lección ante un aula repleta. "Un bloguero no es un periodista por contar cosas. Sin organizaciones profesionales, no puede haber profesión".
Regreso a los orígenes en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra en su 50 aniversario para hablar del futuro. El profesor: Pedro J. Ramírez. El tema: la crisis de los medios.
No quedó un hueco. Cientos de estudiantes, antiguos compañeros y profesores llenaron el aula. Y caras conocidas, como la de Agatha Ruiz de la Prada, en primera fila. El director de EL MUNDO dedicó los primeros minutos de su ponencia a la Universidad donde se formó hace 30 años: "Ésta es mi alma máter, aquí está mi Rosebud particular, y, pese a lo que digan, no soy Ciudadano Kane".
Ayer regresó como profesor para transmitir cómo ve los cambios que están afectando al mundo de la información: "Las redacciones de los periódicos ya nunca serán tal y como las hemos conocido, pero serán". El mensaje llegaba cargado de optimismo frente a quienes auguran la desaparición. "Ahora hay que asociar el concepto de periódico más a la marca que al soporte".
El futuro que vislumbra Pedro J. Ramírez se aleja de un periodismo basado en "Wikipedias" y se acerca a la integración de las redacciones. Una marca con múltiples plataformas, con videoblogs, chats, noticias impresas o digitales. "La tecnología pone al servicio de los periódicos las herramientas para que un mismo especialista en un tema transmita el mensaje por múltiples canales".
Él mismo recordó que, además de su carta dominical, escribe y graba un videoblog en elmundo.es. "Y si me paso, lo borro".
También alertó de que Internet puede suponer el final del periodismo de investigación. "Si desapareciesen los periódicos y los contenidos periodísticos fueran distribuidos según el criterio de Google, no volverían a destaparse el Watergate o los GAL".
Pero el futuro de los periódicos "que es el del Periodismo", sea cual sea el soporte, plantea otros interrogantes. En el caso de elmundo.es: "¿Cómo resolver el problema de que 21 millones de lectores sean rentables para no tener que recortar la plantilla?".
El director de EL MUNDO insiste en que crucial el buen ejercicio de la profesión: "Lo importante es hacer buen periodismo". Incluso le dio un consejo a sus futuros colegas: "Por encima de todo, un periodista debe ser buena persona y estar dispuesto a que la realidad le estropee el titular. Hay que saber jugar limpio".

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lunes, 11 de mayo de 2009

La periodista estadounidense Saberí, liberada en Irán

La periodista estadounidense de ascendencia iraní, Roxana Saberí, ha sido liberada hoy bajo fianza, confirmó su padre, Reza Saberí.
EFE / La Opinión
"Puedo confirmar que ya está libre. La pena ha sido reducida a dos años y quedará definitivamente en libertad si en un plazo de cinco años no vuelve a cometer un delito", aseguró.
Reza Saberí señaló, asimismo, que su hija "se encuentra en buen estado de salud", pero no quiso dar detalles de cuales serán sus próximos pasos y cuando piensa regresar a Estados Unidos.
La reportera había sido condenada hace tres semanas a ocho años de prisión por espiar a favor de Estados Unidos en un juicio rápido y puerta cerrada, plagado de irregularidades.
Ayer, la Corte de Apelación revisó el veredicto y decidió reducir la pena a dos años de cárcel, imponer una fianza cuya cuantía no ha sido revelada y mantener la sentencia en suspenso durante los próximos cinco años.
Condenada a ocho años de cárcel por espiar a favor de Estados Unidos, será puesta en libertad en la próximas horas después de que el Tribunal de Apelación decidiera acortar su condena.
El caso Saberí ha mantenido en vilo desde hace tres meses a la administración norteamericana y en especial al presidente Barack Obama, que ha realizado varios llamamientos en favor de la joven.
La reportera fue arrestada el pasado 31 de enero, al parecer cuando se disponía a comprar vino para una fiesta, sustancia cuyo consumo está proscrito en Teherán.
Diez días después se puso en contacto con sus padres, residentes en la localidad estadounidense de Fargo, para informarles de que había sido detenida, aunque les pidió que no hicieran nada ya que confiaba en ser liberada pronto.
Alarmado por la falta de noticias, su padre decidió acudir a la prensa el 28 de febrero para denunciar la desaparición de su hija.
Desde entonces, el proceso se enmarañó hasta quedar enredado en cuestiones políticas.
Dos días después de que su padre diera la voz de alarma, el portavoz del ministerio iraní de Asuntos Exteriores, Hasan Qashghavi, aseguró que había sido arrestada por carecer de acreditación de prensa.
Un mes más tarde, la Fiscalía le acusó de espionaje y en un juicio rápido y a puerta cerrada fue condenada a ocho años de prisión por espionaje.
Tras conocerse la primera sentencia, el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, envió una carta a la propia fiscalía para pedir que se realizara un proceso justo y se le otorgaran a Saberí las herramientas adecuadas para su defensa.
Ayer, durante las cinco horas que duró la vista, la periodista pudo presentar su alegaciones, explicó su abogado.
El caso Saberí ha coincidido con la oferta de reconciliación extendida por el presidente norteamericano al régimen de los ayatolás, con el que su país rompió los lazos diplomáticos hace tres décadas.
Obama ha sugerido emprender un nuevo camino si Teherán decide abrir el puño.
La oferta ha creado cierta inquietud en el seno de la corriente más conservadora del régimen y sembrado semillas de división entre los más moderados y los más inmovilistas.
Saberí, hija de padre iraní y madre japonesa, llegó a Teherán hace seis años y desde entonces trabajó para medios británicos y estadounidenses de prestigio como la cadena BBC o Fox News.
Actualmente, se hallaba en el país al parecer recopilando información para escribir un libro.
Según su padre, Saberí mantuvo una huelga de hambre en la prisión de Evin que obligó a que fuera ingresada en un hospital, extremo que han negado las autoridades iraníes.

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domingo, 10 de mayo de 2009

REPORTAJE/ La Audiencia Universal

El poder ilimitado para investigar crímenes en el extranjero crea conflictos diplomáticos - ¿Es preciso en medio del caos judicial?
MÓNICA CEBERIO BELAZA / MANUEL ALTOZANO 10/05/2009 / El País.com
Juicios sobre Guantánamo, Tíbet, Guatemala, El Salvador, Chile, Israel, Ruanda... La Audiencia Nacional tiene en estos momentos 13 causas abiertas por delitos de lesa humanidad producidos en distintos puntos del planeta. Un lector cuestionaba ayer en las páginas de este diario si, con el caos de la justicia española, la Audiencia tiene el deber de preocuparse por los delitos mundiales donde no hay ciudadanos españoles implicados. "¿No es más bien una obsesión egocéntrica de algunos jueces por acaparar titulares?", se preguntaba. Y recogía una inquietud repetida: los perjuicios diplomáticos que podrían causar a España estos procesos. Frente a este punto de vista, los defensores de la justicia universal apelan a un argumento ético: si nos creemos los derechos humanos, los crímenes más atroces deben perseguirse en cualquier lugar para evitar la impunidad. Los poderosos no pueden quedar impunes. Es una cuestión de democracia.

Los jueces españoles -egocéntricos o no-, no hacen sino aplicar la ley cuando abren estos procesos. La legislación española contempla desde 1985 la posibilidad de que se juzguen en España determinados delitos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional: genocidio, terrorismo, piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves, falsificación de moneda extranjera, delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores o incapaces, tráfico de drogas, tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, mutilación genital femenina -siempre que los responsables se encuentren en España- y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España. Y la competencia corresponde a la Audiencia Nacional.
Hasta 2005, hubo dudas sobre cómo debía interpretarse este artículo y si las víctimas o perjudicados debían ser españoles para que pudiera abrirse el proceso. Pero ese año habló el Tribunal Constitucional. Dio amparo a la activista guatemalteca Rigoberta Menchú y dijo claramente -en contra del criterio del Tribunal Supremo- que estos delitos podían investigarse aunque no hubiera conexiones con España. La Audiencia adquiría así la jurisdicción universal pura y absoluta.
La legitimidad para abrir este tipo de procesos no sólo deriva de la ley, sino también de un buen número de tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por España -Convenciones de Ginebra, Convención contra el Genocidio, contra la Tortura...- y que son, por tanto, de obligado cumplimiento. Otros países europeos que también los han firmado, como Francia, Alemania, Holanda o Italia, tienen también procesos de justicia universal abiertos, pero en un número muy reducido ¿Cuáles son las diferencias con España?
Son esencialmente dos: la primera es la exigencia de algunos países de que el delito tenga relación con el Estado que va a juzgar. La segunda, la posibilidad o no de ejercer la "acción popular", que implica que cualquier interesado puede presentar una denuncia aunque no le afecte de forma directa y que permite a las organizaciones de derechos humanos sostener una acusación aunque el fiscal se oponga. España no exige que el delito, víctima o delincuente tengan ninguna relación con el país y permite, sin restricciones, la acción popular, que está recogida en la Constitución, lo que no ocurre en países vecinos.
"En Francia, por ejemplo, se limita la justicia universal a casos en los que la víctima es nacional o hay intereses franceses en juego", explica el catedrático de Derecho Procesal Penal de la Universidad Carlos III de Madrid Víctor Moreno Catena. "En Alemania no se exigen estos requisitos pero el monopolio de la acción penal lo tiene el fiscal. Una asociación no puede, sin más, sin el apoyo del Ministerio Público, presentar una querella. En ambos países hay algún filtro. En España, ninguno. Es lo que nos ha convertido en gendarmes universales", añade.
Tampoco hubo filtros en Bélgica desde 1993 a 2003. Durante estos 10 años se acogió de forma amplia el principio de jurisdicción universal y se procesó, entre otros, a un ex ministro de Ruanda y al ministro de Asuntos Exteriores de Congo. También se abrieron causas contra el ex primer ministro de Israel Ariel Sharon por las matanzas de Sabra y Chatila y contra el Gobierno estadounidense por la guerra del Golfo y la guerra de Irak. "Al final se modificó la ley por los conflictos diplomáticos que se estaban generando y que se volvieron insostenibles", señala Moreno Catena. "Ahora España está sola como defensora de la jurisdicción universal pura".
Uno de los problemas es que no existe una Corte Penal Internacional en la que puedan presentarse querellas como las que están llegando a la Audiencia. El Tribunal de La Haya tiene muchas limitaciones, de forma que la gran mayoría de estos delitos quedarían impunes. "Y estamos hablando de los crímenes más atroces, de crímenes contra la humanidad", opina Manuel Ollé, letrado encargado, entre otros asuntos, de la matanza de jesuitas en El Salvador en 1989, entre los que estaba Ignacio Ellacuría. "Mientras los Gobiernos no tengan la voluntad política de crear un tribunal eficaz y efectivo, la única vía es la justicia universal implantada en el mayor número de países posible. Todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad con los derechos humanos".
¿Son eficaces los procesos? Sólo uno ha terminado con juicio y condena en España: el del ex capitán de corbeta argentino Adolfo Scilingo, penado por un delito de lesa humanidad. Se le consideró responsable de la muerte de 30 personas entre 1976 y 1977 -durante la dictadura militar en su país- y de la detención ilegal y torturas de otra. Y uno de los momentos de mayor protagonismo de la jurisdicción universal española fue la detención, en octubre de 1998, del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres tras una petición del juez Garzón. Nunca llegó a Madrid, pero fue después juzgado en su país. Las órdenes internacionales de detención que se suelen dictar en estos procesos limitan la libertad de movimientos de los implicados, que se ven obligados a tomar cautelas para no ser detenidos en cualquier aeropuerto extranjero.
Pero incluso sin condena ni juicio, la apertura del proceso tiene consecuencias. La principal, remover a la opinión pública del país en el que se cometieron los hechos. Si es una dictadura, será imposible que se juzguen a sí mismos. Pero cuando se trata de una democracia, las cosas cambian. "Algunas de estas causas han tenido una eficacia simbólica importantísima y han generado procesos internos que han terminado con juicios en los países en los que se cometieron los crímenes", defiende Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional. Las causas abiertas recientemente por Guantánamo han tenido un gran impacto mediático en EE UU -la noticia fue portada de The New York Times- y han sido celebradas por las asociaciones de derechos humanos, que creen que puede facilitar que se abra un procedimiento judicial en EE UU. La noticia adquirió tales dimensiones que incluso el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes, el demócrata John Conyers Jr., emitió un comunicado aplaudiendo la querella criminal española.
Es esa influencia la que hace incómodos estos procesos desde el punto de vista diplomático. El pasado jueves, el Gobierno chino advirtió de que sus relaciones con España podrían verse dañadas si la querella contra tres de sus ministros sigue adelante. La ex ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, llegó a pedir a su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos una reforma legal tras la apertura de una investigación por un bombardeo en Gaza que mató a varios niños. Los jueces de la Audiencia repiten: "Estamos obligados a investigar; si el Gobierno no quiere que lo hagamos, que reforme la ley".
"Es cierto que la ley les permite abrir estos procesos por lo que nosotros, lo único que podemos hacer es limitar los daños que producen en nuestras relaciones con otros países y preservar los intereses españoles", afirma Elena Valenciano, portavoz de Exteriores del PSOE. La diputada socialista considera que estos asuntos no tienen mucho sentido en el contexto de colapso en el que se encuentra la justicia española. "Creemos que la ley debe modificarse para que las investigaciones tengan necesariamente conexión con intereses o ciudadanos españoles", para dejar el resto de los casos "a los tribunales internacionales".
Algunos juristas sostienen que no habría problema en limitar el ejercicio de la acción popular para impedir que las asociaciones de derechos humanos actúen por su cuenta y contra el criterio del fiscal. Es lo que está ocurriendo en estos momentos en la causa que el juez Eloy Velasco sigue contra varios asesores jurídicos de la Administración de George W. Bush por diseñar el entramado legal de Guantánamo. Entre ellos, el ex fiscal general -ministro de Justicia- Alberto Gonzales.
Otros aseguran, sin embargo, que "jurídicamente el Gobierno tiene poco margen de maniobra para limitar la justicia universal porque, aparte de la ley, están todos los tratados internacionales firmados y ratificados por España", como sostiene Gonzalo Boyé, abogado y encargado de los casos de Guantánamo e Israel. Y, en cuanto a la acción popular, el abogado Manuel Ollé opina que "limitarla supondría vulnerar la Constitución", que la recoge en el artículo 125. "Su anulación sería un paso atrás. Muchas víctimas han desaparecido o están muertas o no tienen capacidad ni medios para actuar". "Por otro lado, si todo dependiera de la Fiscalía, en cualquier conflicto con un país difícil sería en última instancia el Gobierno el que dirigiría el proceso, impulsándolo o parándolo según intereses políticos, no jurídicos", añade Boyé. "Al final sólo hay problemas con los poderosos. Los procesos que tienen como protagonistas a países pobres no han sido polémicos".
La otra cara de la moneda es el franquismo. La Audiencia Nacional rechazó ser competente para investigar las desapariciones de personas y sustracciones de niños durante la Guerra Civil y el franquismo. ¿Pueden juzgarse los crímenes del Tíbet y no nuestras propias historia? El argumento fue que, al ser crímenes cometidos en España, no era la Audiencia el tribunal competente, sino los juzgados de instrucción de cada localidad. "Es cierto que es paradójico y que debería haberse investigado, al menos", opina el magistrado Sáez Valcárcel. "Estábamos hablando de al menos 30.000 detenidos o desaparecidos a manos del Estado o paramilitares. Pero es un crimen internacional. En virtud de la justicia universal podría enjuiciarse en cualquier sitio".
En cuanto al coste y los medios dedicados a estos procesos sólo un ejemplo para tranquilizar a nuestro lector Manuel Cañedo. De las más de 500 causas abiertas en el Juzgado Central 4 -el que investiga a Israel o a Ruanda- sólo tres son de justicia universal. De los 2,5 millones de casos pendientes que hay en España, sólo el 0,0005 persiguen a estos presuntos delincuentes. Los más protegidos.

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martes, 5 de mayo de 2009

El 95% de las antigüedades que circulan por internet son falsas

Las ventas en la red han hecho proliferar un "mercado de copias", según el arqueólogo Charles Stanish
EFE - Madrid - 05/05/2009 / ELPAIS.com
Alrededor del 95% de las antigüdades que se subastan por internet en eBay son falsas, por lo que la democratización del arte ha tenido el efecto contrario al que se temía sobre el saqueo de los tesoros artísticos. Así lo afirma el arqueólogo estadounidense Charles Stanish en un artículo en la revista Archaeology, en el que explica que con las ventas por internet han proliferado las copias y se ha creado un "gran mercado" que ha llevado a pueblos enteros a considerar más rentable la reproducción de objetos falsos que el saqueo.
"Para la mayoría de nosotros, la Red ha distorsionado para siempre el mercado del tráfico de antigüedades de manera positiva", dice Stanish. En los últimos nueve años, el arqueólogo de la Universidad de California, un gran experto en arte andino, siguió la pista a piezas vendidas en eBay como antigüedades y visitó una serie de talleres en Perú y Bolivia especializados en la reproducción de cerámica.
La industria de la falsa arqueología
"Talleres chinos, búlgaros, egipcios, peruanos y mexicanos están fabricando copias falsas a un ritmo frenético", señala el experto. Hace nueve años, el 50% de las antigüedades que se vendían por eBay eran falsas y cinco años después lo eran el 95%, afirma Stanish, quien reconoce que en l
la actualidad no se puede saber con certeza "porque la calidad de las copias ha mejorado mucho". Sin embargo, según sus cálculos, el 30% son copias baratas y sólo alrededor del 5% son "tesoros genuinos". El resto pertenece a una categoría ambigua, en la que sólo se puede saber si se tiene el objeto en la mano, según Stanish, quien admite haber sido engañado alguna vez en tiendas situadas en zonas donde se venden tanto objetos saqueados como copias.
En opinión del arqueólogo, la aparición de eBay ha tenido un "enorme impacto en el mercado de antigüedades, al restar incentivos a desenterrar tesoros". Según explica, el valor de un objeto saqueado decrece cada vez que alguien compra una "auténtica vasija Moche" por 35 dólares más el porte, cuando una antigüedad real valdría más de 15.000 dólares. Además, la carestía e incluso la imposibilidad de determinar la autentcidad de una pieza suponen un "jarro de agua fría" para el mercado de antigüedades.
"¿Quién quiere gastarse 50.000 dólares en un objeto garantizado como antiguo, según los estándares de hoy, cuando dentro de cinco años puede aparecer una nueva tecnología que definitivamente demuestre que es una copia?", se pregunta Stanish.

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lunes, 4 de mayo de 2009

LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA UNA OBRA DE ARQUITECTURA JURÍDICA

Andrés Campoy /Archenanews

Se puede considerar la transición española como un proceso singular, pues supuso el paso de un régimen autoritario a un régimen constitucional, sin desórdenes públicos y de forma gradual, utilizando los mecanismos jurídicos de modificación existentes en el régimen autoritario para paulatinamente ir modificándolos hasta conseguir un régimen constitucional totalmente diferente a la dictadura.
En este proceso fue importante el papel que desempeñaron las élites de las distintas tendencias que evitaron las movilizaciones populares, gestionando y negociando con enorme discreción y en algunos casos en secreto (legalización del Partido Comunista tras la “Matanza de Atocha”).
La intervención del Rey Juan Carlos I también fue decisiva en la transición inclinándose por el aperturismo, desencadenando la dimisión de Carlos Arias y nombrando a Adolfo Suárez en la Presidencia del Gobierno. Pero quizá el aspecto más significativo de la intervención del Rey, fue el respaldo a la legitimidad del Gobierno en el proceso reformador, que la izquierda española interpretó como aval de la derecha a la aceptación de las reglas del juego político.



Otro factor a destacar en la transición es que tras la muerte de Franco la sociedad observó que es sistema político se quedaba obsoleto y la sociedad se sentía oprimida por el sistema franquista basado en la agricultura, economía autárquica y catolicismo integrista.
En estas circunstancias solo se podía avanzar mediante el consenso político, evitando tensiones que en otra época hubieran ocasionado una guerra civil. Este consenso supuso grandes sacrificios y renuncias parciales de los partidos políticos en sus ideas y pretensiones, para conseguir que todas las ideas estuviesen representadas.

Suárez mediante el diálogo con las plataformas de izquierdas y las élites continuistas optó por la ruptura del régimen controlada por el Gobierno y patrocinada por la Corona. Siendo el instrumento de esta estrategia la Ley para la Reforma Política, que fue elaborada de acuerdo con las Leyes Fundamentales del Estado existentes, fue sometida al informe del Consejo Nacional del Movimiento y discutida y aprobada por las Cortes. Siendo sometida finalmente a referéndum del pueblo español el día 15 de diciembre

Esta Ley no derogaba expresamente ningún precepto pero si evidenciaba una ruptura hacia una nueva Constitución, estableciendo las condiciones para que los españoles se constituyeran como última instancia de soberanía. La Ley era breve explicitando la residencia popular de la soberanía, los derechos fundamentales de los ciudadanos, el pluralismo político y el sufragio universal.
Superados los trámites la Ley entró en vigor el 4 de enero de 1977 posibilitando a Suárez la eliminación de los obstáculos para la participación de la oposición en el proceso constituyente. Al mismo tiempo mediante Decretos Ley el gobierno procedió a desmontar la organización del Movimiento Nacional, la organización Sindical, legalizar la huelga, reforma electoral etc.
Tras las elecciones del 15 de junio de 1977 se formó una Comisión de Asuntos Constitucionales formada por siete miembros en representación de las fuerzas políticas mayoritarias, a los que posteriormente se les llamaría “Padres de la Constitución”.
El proceso de elaboración se alargó durante varios meses y tras la aprobación de los oportunos trámites parlamentarios, fue votada en referéndum en día 6 de diciembre de 1978, fecha que ha quedado instituida como Día de la Constitución Española.
La Constitución de 1978 es pues pluralista, de consenso, favorecedora de la alternancia, técnicamente rígida y propia de una sociedad avanzada.

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