El posible final de la pena de muerte por delitos económicos
Amnistía Internacional expresa su satisfacción por los informes recibidos que señala
n que, en febrero de 2006, el Ministerio de Seguridad Pública propuso una reducción del número de delitos punibles con la pena de muerte para "reflejar la tendencia general del mundo, que Vietnam debería seguir".(1) Según los informes recibidos, la propuesta, que ha sido presentada ante la comisión central de reforma judicial para su estudio, recomienda que los delitos económicos tales como el fraude y la malversación de fondos, el contrabando, la falsificación y el soborno, dejen de ser punibles con la pena de muerte. Según informes, otros delitos punibles con la pena de muerte están siendo estudiados también y su número podría reducirse de 29 a 20.
Si este positivo paso se ve reflejado en la ley, hará que el llamamiento de Amnistía Internacional para que se suspendan inmediatamente todas las ejecuciones sea aún más urgente, especialmente para los casos pendientes de penas de muerte impuestas por delitos económicos.
La última ejecución por delitos económicos que se conoce tuvo lugar el 21 de marzo de 2006, cuando Phung Long That, ex responsable de la división de investigación contra el contrabando del departamento de aduanas de Ciudad Ho Chi Minh, fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Phung Long That había sido condenado a muerte en abril de 1999 por aceptar sobornos y por el contrabando de bienes por valor de 70 millones de dólares.
Actualmente, la pena de muerte en Vietnam es una pena opcional para delitos económicos tales como el contrabando, la falsificación, la malversación de fondos o el soborno cuando implican bienes o dinero por valor superior a una determinada cantidad. Otros delitos punibles con la pena de muerte son el asesinato, la violación, el tráfico de drogas y los delitos contra la seguridad nacional.
Amnistía Internacional se opone incondicionalmente a la pena de muerte en todos los casos, por ser ésta una violación del derecho a la vida y del derecho a no ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Estos derechos están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en los que Vietnam es Estado Parte.
El artículo 6.2 del PIDCP establece: "En los países en que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos". La Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha declarado repetidamente que los delitos económicos no forman parte de los "más graves delitos". La resolución más reciente sobre la cuestión de la pena de muerte, adoptada el 20 de abril de 2005, insta a los Estados a "Velar… por que no se imponga la pena de muerte por actos no violentos como los delitos financieros".(2)
Por otra parte, el relator especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias concluyó, en 1996, que "la pena de muerte debería eliminarse en el caso de delitos tales como los económicos y los relacionados con los estupefacientes."
Ejecuciones llevadas a cabo por pelotones de fusilamiento
Las personas que van a ser ejecutadas se enfrentan, generalmente en público, a un pelotón de fusilamiento formado por cinco soldados. Se les cubren los ojos y se las ata a un poste. No se informa con antelación a los familiares, pero a éstos se les pide que recojan los bienes personales del ejecutado/a dos o tres días después de la ejecución. En algunos casos, no se devuelven los cuerpos de las personas ejecutadas hasta pasados tres años.
© Particular
En febrero de 2006, el Ministerio de la Seguridad Pública presentó una propuesta para que las ejecuciones fueran realizadas mediante inyección letal; según informes, a causa de las "repercusiones psicológicas en los miembros del pelotón de fusilamiento, especialmente cuando la persona condenada es una mujer". Esta propuesta también está siendo estudiada. Amnistía Internacional considera que toda ejecución es la forma más extrema de violación de los derechos humanos y embrutece a cuantos participan en ella. Las ejecuciones mediante inyección letal pueden provocar muertes lentas y atroces.
Las penas de muerte y las ejecuciones: "secreto de Estado"
Las autoridades vietnamitas no hacen públicas la información y las estadísticas sobre el uso de la pena de muerte. En enero de 2004, un decreto del gobierno prohibió la divulgación de estadísticas sobre la pena de muerte y las ejecuciones por considerarlas "secreto de Estado". Esta falta de transparencia es contraria a las garantías que establecen las normas internacionales de derechos humanos, que instan a los Estados a hacer pública la información sobre el uso de la pena de muerte, el número de ejecuciones llevadas a cabo y el número de personas condenadas a muerte. A pesar de las restricciones a la información, el seguimiento de los medios de casos individuales revela que al menos 86 personas, entre ellas 4 mujeres, han sido ejecutadas y al menos 174, entre ellas 20 mujeres, han sido condenadas a muerte desde 2004, la mayoría por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Se cree que las cifras reales son muy superiores.
Conmutación por cadena perpetua
El último recurso contra la ejecución es el presidente, que puede conmutar las penas de muerte por cadenas perpetuas. Las conmutaciones son muy escasas pero se han concedido en algunos casos. Según la información disponible, se han conmutado 23 penas de muerte desde enero de 2003, entre ellas, 4 penas de muerte por delitos económicos y otras 4 impuestas a ciudadanos australianos de origen vietnamita condenados por tráfico de drogas.
Amnistía Internacional hace un llamamiento a las autoridades para que aprovechen la oportunidad que brinda la propuesta actual para suprimir la aplicación de la pena de muerte para los delitos económicos y para conmutar las penas de todos los presos que permanecen en el corredor de la muerte condenados por ese tipo de delitos. Sería una tragedia que el Estado ejecutara a hombres y mujeres por delitos que pronto podrían dejar de ser punibles con la pena de muerte.
Amnistía Internacional expresa su satisfacción por los informes recibidos que señala
n que, en febrero de 2006, el Ministerio de Seguridad Pública propuso una reducción del número de delitos punibles con la pena de muerte para "reflejar la tendencia general del mundo, que Vietnam debería seguir".(1) Según los informes recibidos, la propuesta, que ha sido presentada ante la comisión central de reforma judicial para su estudio, recomienda que los delitos económicos tales como el fraude y la malversación de fondos, el contrabando, la falsificación y el soborno, dejen de ser punibles con la pena de muerte. Según informes, otros delitos punibles con la pena de muerte están siendo estudiados también y su número podría reducirse de 29 a 20.Si este positivo paso se ve reflejado en la ley, hará que el llamamiento de Amnistía Internacional para que se suspendan inmediatamente todas las ejecuciones sea aún más urgente, especialmente para los casos pendientes de penas de muerte impuestas por delitos económicos.
La última ejecución por delitos económicos que se conoce tuvo lugar el 21 de marzo de 2006, cuando Phung Long That, ex responsable de la división de investigación contra el contrabando del departamento de aduanas de Ciudad Ho Chi Minh, fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Phung Long That había sido condenado a muerte en abril de 1999 por aceptar sobornos y por el contrabando de bienes por valor de 70 millones de dólares.
Actualmente, la pena de muerte en Vietnam es una pena opcional para delitos económicos tales como el contrabando, la falsificación, la malversación de fondos o el soborno cuando implican bienes o dinero por valor superior a una determinada cantidad. Otros delitos punibles con la pena de muerte son el asesinato, la violación, el tráfico de drogas y los delitos contra la seguridad nacional.
Amnistía Internacional se opone incondicionalmente a la pena de muerte en todos los casos, por ser ésta una violación del derecho a la vida y del derecho a no ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Estos derechos están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en los que Vietnam es Estado Parte.
El artículo 6.2 del PIDCP establece: "En los países en que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos". La Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha declarado repetidamente que los delitos económicos no forman parte de los "más graves delitos". La resolución más reciente sobre la cuestión de la pena de muerte, adoptada el 20 de abril de 2005, insta a los Estados a "Velar… por que no se imponga la pena de muerte por actos no violentos como los delitos financieros".(2)
Por otra parte, el relator especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias concluyó, en 1996, que "la pena de muerte debería eliminarse en el caso de delitos tales como los económicos y los relacionados con los estupefacientes."
Ejecuciones llevadas a cabo por pelotones de fusilamiento
Las personas que van a ser ejecutadas se enfrentan, generalmente en público, a un pelotón de fusilamiento formado por cinco soldados. Se les cubren los ojos y se las ata a un poste. No se informa con antelación a los familiares, pero a éstos se les pide que recojan los bienes personales del ejecutado/a dos o tres días después de la ejecución. En algunos casos, no se devuelven los cuerpos de las personas ejecutadas hasta pasados tres años.
© Particular
En febrero de 2006, el Ministerio de la Seguridad Pública presentó una propuesta para que las ejecuciones fueran realizadas mediante inyección letal; según informes, a causa de las "repercusiones psicológicas en los miembros del pelotón de fusilamiento, especialmente cuando la persona condenada es una mujer". Esta propuesta también está siendo estudiada. Amnistía Internacional considera que toda ejecución es la forma más extrema de violación de los derechos humanos y embrutece a cuantos participan en ella. Las ejecuciones mediante inyección letal pueden provocar muertes lentas y atroces.
Las penas de muerte y las ejecuciones: "secreto de Estado"
Las autoridades vietnamitas no hacen públicas la información y las estadísticas sobre el uso de la pena de muerte. En enero de 2004, un decreto del gobierno prohibió la divulgación de estadísticas sobre la pena de muerte y las ejecuciones por considerarlas "secreto de Estado". Esta falta de transparencia es contraria a las garantías que establecen las normas internacionales de derechos humanos, que instan a los Estados a hacer pública la información sobre el uso de la pena de muerte, el número de ejecuciones llevadas a cabo y el número de personas condenadas a muerte. A pesar de las restricciones a la información, el seguimiento de los medios de casos individuales revela que al menos 86 personas, entre ellas 4 mujeres, han sido ejecutadas y al menos 174, entre ellas 20 mujeres, han sido condenadas a muerte desde 2004, la mayoría por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Se cree que las cifras reales son muy superiores.
Conmutación por cadena perpetua
El último recurso contra la ejecución es el presidente, que puede conmutar las penas de muerte por cadenas perpetuas. Las conmutaciones son muy escasas pero se han concedido en algunos casos. Según la información disponible, se han conmutado 23 penas de muerte desde enero de 2003, entre ellas, 4 penas de muerte por delitos económicos y otras 4 impuestas a ciudadanos australianos de origen vietnamita condenados por tráfico de drogas.
Amnistía Internacional hace un llamamiento a las autoridades para que aprovechen la oportunidad que brinda la propuesta actual para suprimir la aplicación de la pena de muerte para los delitos económicos y para conmutar las penas de todos los presos que permanecen en el corredor de la muerte condenados por ese tipo de delitos. Sería una tragedia que el Estado ejecutara a hombres y mujeres por delitos que pronto podrían dejar de ser punibles con la pena de muerte.
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